“Desde hace ya muchos años, las salidas anticipadas no hacen otra cosa que emparchar la superpoblación y el hacinamiento carcelario, sin hallar una solución real al problema”, reflexionó el fiscal Marcelo Romero, que instruye las causas que tienen como imputados a los dos internos de la Unidad 12 (ver nota principal). Para el funcionario, estas “medidas contradicen el espíritu del propio sistema, porque le dan al juez de Ejecución facultades para otorgar salidas anticipadas , pero no un sistema que controle a ese internos”. Romero comparó al régimen de salidas transitorias con un “pacto de caballeros”, cuya única sanción, en caso de incumplimiento, “que se revoque el beneficio”.
“En este país, el único preso que no sale es Carlos Robledo Puch”, destacó, cuestionando, además, el acceso ilimitado de los presos a teléfonos celulares y computadoras: “Ni los empleados judiciales pueden ingresar a cualquier sitio de internet”, comparó, seguro de que “podrían restringir el acceso a dos números telefónicos”.
Ante una consulta de este diario, desde el Servicio Penitenciario explicaron que el uso de los celulares fue una “disposición judicial mientras dura la pandemia”, como ocurrió, argumentaron, con “los servicios penitenciarios de todo el país y en el resto del mundo”.
Informaron, además, que en 2020 se alcanzó “el récord de internos universitarios que rindieron exámenes por el acceso a los teléfonos celulares”. Aclararon, por otra parte, que en el caso de la Unidad 9, “fue el personal penitenciario el que detectó las presuntas estafas y le dio intervención a la fiscalía, luego de lo cual la DDI realizó la requisa y trasladó los elementos incautados (teléfonos y computadoras) para su análisis”.
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